Hemos hablado sobre la publicación el pasado 17 de septiembre de 2021 de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, mediante la cual se ha cerrado de manera concluyente la vía jurisdiccional a los miembros de las concesionaras en el año 2015 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. ¿Es el mercado automovilístico más transparente gracias a esta sentencia? ¿Cuál era el perjuicio que se causaba a los usuarios? Nos lo ha contado Juan Ignacio Navas, socio director del despacho Navas & Cusí y quien ha dirigido este proceso jurídico. También nos ha respondido a otras preguntas como qué es el conocido como «cártel de los coches» y nos ha presentado los diversos servicios que ofrece su bufete, así como en qué ciudades de España se encuentran sus oficinas.
Compartimos un fragmento de la entrevista:
Pregunta: ¿Qué es el conocido como «cártel de los coches»?
Respuesta: Lo que primero quiero aclarar es que aquí hay actores que han dirigido este proceso. Hay muchos. Nosotros, lo que sí que hemos conseguido es una plataforma de reclamación de los afectados. El cártel de coches es un acuerdo secreto entre un montón de marcas automovilísticas por el cual establecían unos acuerdos secretos que tenían como finalidad controlar el mercado a través de políticas secretas en cuanto a facturación, por ejemplo. Básicamente, consistía en traspasarse información relativa a facturación, bases comerciales, estructuras, comercio de red de concesionarios, servicios comerciales, atención al cliente… En conclusión, lo que hacía esto era controlar los precios. Entonces, al controlar los precios, se perjudica al comprador, en una cantidad que nosotros oscilamos entre el 10 y el 20%. El periodo por el cual la se sanciona por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia va comprendido entre febrero del año 2006 y julio del 2013. Ahí, la CNMC impone una sanción de 175 millones de euros. Las que escapan son porque sean denuncia: hay lo que se llama «política de clemencia», que establece legalmente que la marca que denuncia el cártel queda eximida de sanción, aunque no queda eximida de responsabilidad. Es evidente que ha habido un largo proceso judicial, ya que todas esas marcas han ido impugnando. Entonces, marca por marca, han llevado el caso al Tribunal Supremo.
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