El Tribunal desestima íntegramente las medidas cautelares que pretendían suspender al presidente y a la Junta Directiva de CONPYMES, imponiendo las costas a las entidades demandantes. El auto judicial frena el intento de parálisis institucional y reprocha a los solicitantes que pretendan ejercer derechos asociativos mientras incumplen sus obligaciones económicas
El Tribunal de Instancia de Madrid ha desestimado íntegramente la solicitud de medidas cautelares promovida por PIMEC y otras entidades asociadas contra la presidencia y la Junta Directiva de la Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES), organización nacional que representa a más de 2,1 millones de pymes y autónomos en España.
La resolución mantiene la estabilidad institucional de la organización, descarta cualquier tipo de intervención judicial en su gobernanza e impone el pago de las costas procesales a las entidades solicitantes.
El auto judicial rechaza de forma tajante suspender cautelarmente al presidente, desplazar a la actual Junta Directiva o paralizar los acuerdos adoptados tras la Asamblea General del pasado 26 de marzo de 2026. Aunque el Tribunal aclara que el procedimiento principal continuará su tramitación ordinaria hasta dirimir el fondo del litigio, la decisión fija un límite contundente: no existen razones que justifiquen alterar de forma inmediata la gestión de la Confederación ni sustituir provisionalmente a sus órganos actuales antes de que exista una sentencia definitiva.
El Tribunal considera que la legalidad del proceso electoral exige un análisis sereno, un debate contradictorio y una prueba completa que no se dan en esta fase inicial. Asimismo, descarta que se haya acreditado un daño “actual, real e irreversible” que justifique paralizar la actividad ordinaria de CONPYMES.
Por otra parte, la resolución destaca que las entidades demandantes no representan actualmente a la mayoría de los asociados. El auto también toma en consideración que, según la documentación aportada, estas organizaciones han dejado de atender sus obligaciones económicas frente a la Confederación, lo que supone un perjuicio para el conjunto asociativo cuyos intereses afirman defender. Desde CONPYMES se subraya que, en cualquier organización de este tipo, los derechos de participación van ligados de forma indisoluble al cumplimiento leal de las obligaciones comunes.
El presidente de CONPYMES, José María Torres, ha valorado el auto judicial con serenidad y responsabilidad institucional: “Recibimos esta resolución con pleno respeto al Tribunal. No la interpretamos como una victoria contra nadie, sino como una garantía para CONPYMES y para todas sus organizaciones asociadas. La Confederación debe seguir funcionando con normalidad, defendiendo una voz propia, plural e independiente para las pymes y autónomos de España”.
Asimismo, Torres ha lamentado las acusaciones vertidas durante los últimos meses: “Se han hecho afirmaciones muy graves sobre CONPYMES, sobre su Junta Directiva y sobre mi propia actuación como presidente. Hemos preferido responder donde corresponde: con documentos, con respeto institucional y con confianza en la Justicia. El auto confirma que no había base para desplazar cautelarmente a los órganos actuales”. “Nuestra obligación ahora es seguir trabajando. CONPYMES estará abierta al diálogo, pero desde la premisa de que éste debe fortalecer a la Confederación, no paralizarla; debe integrar sensibilidades, no sustituir órganos; y debe servir al interés común, no a posiciones particulares”, ha concluido el presidente de CONPYMES.
Tras este respaldo judicial, CONPYMES reafirma su compromiso con una gestión transparente y ajustada a los Estatutos, y continuará desarrollando con total normalidad sus funciones de representación y defensa de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos de nuestro país.