CONPYMES manifiesta su firme rechazo a la huelga general

La patronal informa que la jornada de paro podría comprometer entre 1.850 y 4.560 millones de euros de actividad económica, detrayendo recursos que podrían destinarse a inversión social

La Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES), organización representante de las pymes y los autónomos en España, ha manifestado su firme oposición y rechazo ante la convocatoria de huelga general. La patronal considera que, si bien la crisis de asequibilidad de la vivienda y el coste de la vida constituyen prioridades sociales de primer orden que requieren una intervención decidida, la parálisis de los centros de trabajo y la ampliación artificial de las demandas laborales no son la vía eficaz para resolver problemas estructurales de política pública.

Tomando como referencia el Producto Interior Bruto (PIB) de España publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), situado en el entorno de los 1,69 billones de euros, los modelos macroeconómicos de afectación para jornadas de paro general estiman un impacto directo que se moverá en una horquilla de entre 1.850 y 4.560 millones de euros, en función del nivel de respaldo laboral:

• Escenario de alta afectación (70%): Supondría la ralentización de la actividad por valor de 4.560 millones de euros, el equivalente al 0,27% del PIB anual del país.
• Escenario de menor afectación (30%): Implicaría una alteración directa de 1.850 millones de euros, lo que representa el 0,11% del PIB anual.

CONPYMES subraya que la persistencia de factores amortiguadores como los servicios mínimos, el teletrabajo y, de forma muy relevante, la decisión mayoritaria de pymes, micropymes, y autónomos no asalariados de mantener sus persianas arriba evitará una paralización total del país. Al operar en un régimen de libre competencia y carecer de colchones financieros corporativos, el tejido de las microempresas y los trabajadores por cuenta propia optará por la continuidad de su actividad para salvaguardar sus ingresos diarios, si bien la suspensión temporal de la facturación en su entorno de consumo tensionará sus ya comprometidos márgenes.

La confederación advierte sobre el severo coste de oportunidad que implica esta movilización. Tomando como referencia los indicadores de costes de edificación residencial social, cada millón de euros que se detrae de la actividad productiva equivale a la inversión necesaria para construir entre 7 y 8 viviendas públicas de alquiler asequible. En consecuencia, una sola jornada de parálisis disuelve un valor económico equivalente al presupuesto requerido para levantar miles de inmuebles sociales, la cual constituye la única solución estructural y eficiente a largo plazo.
Frente a las tesis de las centrales sindicales CCOO y UGT, que atribuyen de manera uniforme la inflación a los márgenes empresariales generales (greedflation), CONPYMES insta a distinguir con rigor técnico entre las pymes que operan en libre competencia y los oligopolios de rentas excesivas.

La patronal sostiene que la crisis de asequibilidad y el proceso inflacionario actual hunden sus raíces en las políticas monetarias ultraexpansivas aplicadas por los bancos centrales desde 2014. La compra masiva de deuda corporativa en el mercado secundario redujo artificialmente los costes de financiación de los grandes conglomerados financieros e inmobiliarios representados en las estructuras tradicionales, propiciando una inflación de activos y un encarecimiento de la vida del que las pymes no son responsables.

Esta distorsión macroeconómica explica con claridad por qué las pymes y autónomos no disponen de margen financiero para absorber subidas salariales artificiales. Al operar en mercados abiertos y de alta competencia, las pymes carecen del poder de mercado de los oligopolios para trasladar de forma automática el encarecimiento de sus insumos y de la energía a sus precios finales. Forzar incrementos salariales por real decreto en un tejido productivo estrangulado por la inflación latente y la subida de los tipos de interés solo abocaría al cierre masivo de los negocios que sostienen el empleo real.

Por otra parte, en aras de la transparencia institucional, la confederación solicita que se clarifique el origen y destino de los fondos públicos y subvenciones utilizados por las centrales sindicales en las masivas campañas de promoción exterior y redes sociales de esta convocatoria.
José María Torres, presidente de CONPYMES, ha declarado: “El problema de la vivienda es real y urgente, pero la solución pasa por generar certidumbre, movilizar suelo público y canalizar recursos de forma eficiente, no por restar capacidad financiera a quienes generan empleo. Al día siguiente de la huelga, las dificultades habitacionales serán las mismas, pero las pymes y los trabajadores autónomos seremos más vulnerables”.

Finalmente, CONPYMES informa que se está desnaturalizando la función constitucional del derecho de huelga al orientarlo hacia fines ajenos a la negociación colectiva o al ámbito laboral. Asimismo, solicita a las administraciones públicas que velen con la máxima firmeza por las garantías constitucionales y la plena libertad de trabajo de todos aquellos empleados y empresarios que opten por mantener su actividad diaria.