Magistrados y profesionales coinciden en que el reto del Derecho concursal ya no pasa únicamente por incorporar nuevos mecanismos, sino por dotarlos de criterios interpretativos estables, procedimientos eficientes y soluciones prácticas que permitan preservar el valor de las empresas.
Madrid, septiembre de 2026. El VI Congreso de Derecho Mercantil y Concursal Villa de Madrid, organizado por International Auction Group (IAG Auction), ha concluido tras dos jornadas de análisis y debate con una conclusión compartida: el sistema concursal español dispone hoy de más instrumentos para afrontar situaciones de insolvencia y reestructuración, pero su eficacia depende de avanzar hacia una mayor seguridad jurídica y una aplicación más homogénea y previsible.
Durante los días 10 y 11 de septiembre, el Auditorio Banco Sabadell ha reunido a medio centenar de magistrados, abogados, administradores concursales, economistas y otros profesionales especializados para analizar los principales retos que afectan actualmente a empresas, acreedores y operadores jurídicos. Las sesiones han abordado cuestiones como la liquidación y venta de unidades productivas, los planes de reestructuración, la exoneración del pasivo insatisfecho, la responsabilidad de los administradores, el crédito público, la financiación empresarial o las últimas novedades jurisprudenciales.
Una de las principales conclusiones del Congreso es que la evolución normativa de los últimos años ha permitido incorporar mecanismos destinados a anticipar las situaciones de insolvencia, preservar la actividad empresarial y facilitar soluciones de continuidad. Sin embargo, persisten diferencias interpretativas y zonas de incertidumbre que dificultan que estas herramientas desplieguen todo su potencial.
Mayor seguridad jurídica en reestructuración y segunda oportunidad
Los planes de reestructuración han centrado una parte relevante del debate. Los participantes han puesto de manifiesto la necesidad de seguir delimitando cuestiones como el alcance del control judicial en la homologación, la formación de clases, el perímetro de los acreedores afectados, el arrastre de socios y acreedores o el papel del experto en reestructuración.
El Congreso ha señalado la conveniencia de avanzar hacia una mayor convergencia de criterios entre los distintos órganos judiciales, de forma que empresas y acreedores puedan anticipar con mayor claridad las consecuencias jurídicas de sus decisiones.
La segunda oportunidad ha sido otro de los grandes ejes de las jornadas. Las sentencias del Tribunal Supremo de febrero de 2026 han contribuido a perfilar cuestiones como la buena fe del deudor, la carga de la prueba o el alcance del control judicial, aunque siguen existiendo aspectos que deberán concretarse a través de la jurisprudencia y, en su caso, de futuras reformas legislativas.
El criterio compartido durante las sesiones ha sido que la exoneración debe mantener su finalidad de permitir una recuperación económica efectiva del deudor de buena fe, sin renunciar a mecanismos de control suficientes para evitar situaciones de abuso.
Preservar el valor en los procesos de liquidación
Otro de los principales debates ha girado en torno a la liquidación y venta de unidades productivas y a la necesidad de encontrar un equilibrio adecuado entre rapidez, concurrencia y maximización del valor. Los participantes han coincidido en que la celeridad es necesaria para evitar la depreciación de los activos o la pérdida de actividad, pero no puede traducirse en procedimientos que limiten la concurrencia o reduzcan las posibilidades de obtener el mejor resultado posible.
En este contexto, las entidades especializadas han sido identificadas como una herramienta capaz de aportar profesionalización, publicidad, transparencia e igualdad entre potenciales adquirentes, especialmente en operaciones sometidas a reglas especiales de realización.
Álex Munné Gómez, COO de International Auction Group y presidente de la Asociación Nacional de Entidades Especializadas (ANEES), ha destacado que “preservar el valor debe estar en el centro de cualquier solución de insolvencia. La rapidez es importante, pero no puede confundirse con precipitación. Una venta eficiente necesita concurrencia, transparencia y profesionalización”. “Cuando el procedimiento permite que los potenciales interesados compitan en condiciones de igualdad, se incrementan las posibilidades de maximizar el valor de los activos y, con ello, de mejorar el resultado para el conjunto de los acreedores”, ha añadido.
Anticipación, especialización y viabilidad empresarial
Las jornadas también han puesto de relieve la importancia de detectar y abordar las dificultades empresariales antes de que la situación se deteriore de forma irreversible. La anticipación ante los primeros síntomas de insolvencia permite preservar un mayor número de alternativas y facilita que los mecanismos de reestructuración puedan aplicarse cuando todavía existe margen para mantener la actividad.
En este sentido, el Congreso ha insistido en la importancia de la especialización profesional. La creciente complejidad de los procedimientos concursales exige conocimientos multidisciplinares y estructuras capaces de dar respuesta a situaciones empresariales muy diferentes. La financiación interina y la nueva financiación han sido señaladas igualmente como instrumentos fundamentales para que una empresa en dificultades pueda continuar desarrollando su actividad mientras ejecuta un proceso de reestructuración.
La conclusión compartida es que una reestructuración eficaz no puede limitarse a reorganizar jurídicamente la deuda, sino que debe permitir que la empresa siga funcionando y genere los recursos necesarios para hacer viable la solución adoptada.
Tras dos jornadas de debate, el VI Congreso de Derecho Mercantil y Concursal Villa de Madrid concluye que el sistema concursal español ha avanzado de forma sustancial en los últimos años, pero que su consolidación exige ahora transformar la innovación normativa y jurisprudencial en mayor previsibilidad y eficacia práctica.
El reto para los próximos años pasa por conseguir que empresas, acreedores, jueces y profesionales puedan utilizar las herramientas existentes con reglas más claras, criterios suficientemente estables y procedimientos capaces de preservar el mayor valor posible de empresas y activos.