La reforma de Ley Concursal encara la recta final en el Congreso tras la aprobación de la reforma laboral. Junto con la reforma laboral, esta es la otra gran pieza legislativa pendiente de debate en las Cortes Generales, y por ello hemos entrevistado a Alex Munné, vicepresidente de la Asociación Nacional de Entidades Especializadas (ANEES) y jefe de Operaciones de International Auction Group (IAG), entidad especializada en la gestión, valoración y venta de activos concursales y corporativos. A lo largo de la conversación, hemos abordado asuntos como en qué estado se encuentra la tramitación de la ley, por qué se declaran tantos concursos en la actualidad o los riesgos que tiene la desaparición de los administradores concursales.
Munné también nos ha explicado que ellos se ven directamente afectados debido a que el proyecto de la ley potencia las plataformas de subasta públicas, que se han mostrado menos eficaces que las privadas. ¿Esto recorta recursos para reflotar empresas en concurso? Por otro lado, nos consta que han mantenido contactos tanto con el Gobierno de España como con la oposición, por lo que hemos querido saber qué propuestas de han realizado y cuál ha sido su receptividad.
Compartimos un fragmento de la entrevista:
Pregunta: Actualmente hay vigente una moratoria que impide la declaración de concursos a las empresas. Siendo así, ¿por qué se declaran tantos concursos todavía?
Respuesta: Bueno, tengo que matizarlo. La moratoria en sí no impide la declaración del concurso voluntario. De hecho, solo el concurso necesario instado por acreedores; sobre todo, estos concursos que se han intentado instar, están parados en el juzgado. En origen, la finalidad de esta moratoria obedece a una causa lógica, que es dotar de un margen de tiempo a empresas viables que estén pasando por dificultades debido a la COVID-19 para que puedan restablecer su patrimonio y su equilibrio, así como evitar entrar en concurso. Por otro lado, también se ha pretendido hacer frente a lo que se preveía que era una avalancha de procesos concursales que hubieran realmente colapsado los Juzgados de lo Mercantil. De todas formas, hay que tener cuidado, porque no tenemos que perder de vista que existen responsabilidades para los empresarios a pesar de la moratoria; entre ellas, la calificación del concurso, ya que se deberá determinar si el administrador de la sociedad ha obrado con dolo culpa a la hora de generar o agravar su situación de insolvencia.
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